En 2023, el gobierno propuso un proyecto de reforma agraria que busca entregar 1,5 millones de hectáreas a campesinos para 2026. A marzo de 2025, el gobierno está en proceso de redistribución— o ya ha redistribuido— más de un millón de hectáreas. Sin embargo, la propia administración reconoce que el avance ha sido más lento de lo esperado.

LO QUE PEDIMOS

 Solicitamos al Estado colombiano que mantenga y expanda sus planes de Reforma Agraria. En su implementación, se debe incluir a campesinos, pueblos indígenas, negros, afrodescendientes, raizales, palenqueros y comunidades pesqueras, con especial atención a jóvenes y mujeres. Este plan debe reconocer su derecho a una vida digna y su rol en la protección de la biodiversidad y la soberanía alimentaria del país.

ACCIONES ESPECÍFICAS NECESARIAS:

1. Establecer metas anuales de redistribución con participación activa y garantías para mujeres y jóvenes rurales
2. Definir claramente las responsabilidades institucionales
3. Aplicar mecanismos de implementación y seguimiento
4. Asignar los recursos económicos necesarios y trazar una hoja de ruta para revitalizar la economía rural
5. Establecer protecciones contra la propiedad extranjera de tierras
6. Implementar protocolos efectivos para monitorear y responder ante casos de acaparamiento de tierras

LO QUE PEDIMOS

El Estado debe comprometerse a implementar mecanismos para fortalecer la agricultura familiar campesina, indígena, negra, afrodescendiente, raizal, palenquera y de otras comunidades, así como los sistemas tradicionales de producción agrícola y las prácticas alimentarias propias, en una transición sostenible del sistema agroalimentario.

 

Esta transformación debe priorizar la protección ambiental, la soberanía alimentaria y la equidad social, fortaleciendo a las comunidades y colectivos que han practicado históricamente formas tradicionales, ancestrales y agroecológicas de producción alimentaria.

ACCIONES ESPECÍFICAS NECESARIAS:

1. Implementar la política pública de agroecología reconociendo y fortaleciendo a estas comunidades
2. Proteger semillas nativas y criollas para resguardar la biodiversidad y los derechos de los agricultores. Proteger las semillas nativas y criollas es clave para preservar la biodiversidad y asegurar que las/os campesinos/as puedan guardar, intercambiar y sembrar libremente sus propias semillas.
3. Establecer marcos regulatorios que respalden la producción, procesamiento y comercialización sostenible de alimentos por comunidades locales e indígenas
4. Reconocer y proteger el papel de las mujeres rurales en los sistemas alimentarios sostenibles
5. Aumentar las metas de compras públicas de alimentos provenientes de pueblos indígenas y comunidades locales, y garantizar mecanismos para su cumplimiento

Aunque la iniciativa gubernamental es ambiciosa, para lograr una transición energética justa se necesita un enfoque más centrado en los derechos: uno que reconozca el papel y los derechos de las comunidades rurales como guardianas de la naturaleza.

POR ESO SOLICITAMOS QUE EL GOBIERNO SE COMPROMETA A:

• Garantizar los derechos a la tierra y al territorio de quienes viven de ella: pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, campesinos y pescadores artesanales
• Emprender reformas institucionales y financieras para una transición energética centrada en las personas y liderada desde la base

ESTO IMPLICA ESTABLECER MECANISMOS Y RECURSOS PARA: :

1. Apoyar la gobernanza local de la tierra y respetar la autonomía de los pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, campesinos y pescadores artesanales
2. Integrar modelos comunitarios de gestión de recursos naturales, de conservación tradicional e indígena, y de restauración ecológica participativa (incluyendo cuencas, ríos, humedales y ciénagas) en las políticas ambientales nacionales
3. Promover la toma de decisiones descentralizada y democrática en el diseño e implementación de políticas ambientales
4. Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la asignación y gestión de fondos ambientales públicos e internacionales
5. Destinar fondos ambientales directamente a pueblos indígenas, comunidades palenqueras, afrodescendientes, campesinas y otras poblaciones que requieren protección especial