En Colombia, la intersección entre las crisis ambientales y alimentarias, los derechos a la tierra y el territorio , la construcción de paz y la transición energética ocupan un lugar destacado  en el trabajo de incidencia y defensa de los derechos que llevan adelante muchas organizaciones.

Con su ubicación privilegiada en los trópicos, el país es considerado el segundo más biodiverso del mundo, con el 41,8% de su territorio ubicado en la Amazonia. Esto lo convierte en el hogar de tierras muy fértiles, fuentes de agua y una presencia diversa de minerales, que son objeto de interés por parte de las empresas multinacionales para las industrias extractivas. Estas invaden los territorios de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, que tienen una conexión profunda y ancestral con la tierra. Los pueblos indígenas representan el 4,4% de la población y hablan 69 lenguas nativas. Por otro lado, 10,2 millones de personas mayores de 15 años se identifican como campesinos y campesinas y constituyen el 26% de la población, y afrodescendientes constituyen el 10%.

En su labor de defensa de los derechos a la tierra y el territorio y al medio ambiente, quienes lideran las organizaciones indígenas, afro y campesinas a menudo son víctimas de persecución, acoso y ataques. De hecho, Colombia es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos. En 2023, 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados.

El actual gobierno nacional, que inició su mandato en agosto de 2022 y permanecerá en el poder hasta 2026, ofrece esperanzas de transformación. Ha establecido un plan de cuatro años titulado «Colombia, potencia mundial de la vida», que tiene como prioridades el acceso al agua, la reforma agraria, la soberanía alimentaria, garantizar los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, el campesinado  y las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, la transición energética y la gestión de la crisis climática.