Desde la época colonial holandesa, el uso de gran parte de la tierra en los distritos de Bandung, Garut y Tasikmalaya de Java Occidental se destinaba a plantaciones a gran escala, en particular para el cultivo de té. Dichas plantaciones, que hasta la independencia estuvieron gestionadas por el Gobierno holandés, ahora están en manos del Gobierno de Indonesia que las administra a través de una empresa estatal, conocida como PT Perkebunan Nusantara (PTPN). El resto de tierras, principalmente bosques, permanecieron bajo administración comunitaria. Sin embargo, en 1974, PTPN reclamó 2 000 hectáreas de tierras comunitarias aludiendo a los Derechos de Cultivo y desplazando a aldeas y familias enteras, forzándolas a abandonar sus actividades agrícolas y forestales para trabajar en las grandes urbes como Yakarta, Bandung y Bogor. Alrededor de 1997-98, durante la crisis económica asiática, la mayoría de estas personas perdieron su trabajo y no les quedó otra alternativa que regresar a sus aldeas. Esto provocó que tres de las aldeas, Sukamukti, Mekarmukti y Dangiang, decidieran reclamar parte de las tierras abandonadas y no utilizadas de PTPN para atender sus necesidades alimentarias y económicas. Este movimiento resultó en 15 años de conflicto por la tierra, durante el cual los aldeanos se enfrentaron a PTPN y la policía local para defender sus derechos a la tierra. La situación se resolvió en 2013, con la retirada de la policía y la concesión a 350 hogares de acceso a 140 hectáreas de tierra.

Aunque los aldeanos aún no han recibido los certificados y títulos de propiedad, la movilización de la comunidad para defender los derechos a la tierra ha favorecido el desarrollo social y económico. Las plantaciones individuales y colectivas de cultivo de té y hierbas aromáticas están bien integradas en un sistema de cultivos múltiples para la producción tanto de cosechas comerciales como alimenticias, mientras que las funciones ecológicas de las tierras más frágiles han sido restauradas mediante camas de siembra y reforestación. Ahora las comunidades locales se sienten seguras y tranquilas, lo cual se refleja en la mejora de su calidad de vida. Gracias a la cooperación y el apoyo mutuo, han construido escuelas, dormitorios, bibliotecas, mezquitas, infraestructura vial y sistemas de suministro de agua, de forma independiente y sin ayuda del gobierno.